La sede del RG, París

Es importante anotar que incluso después de que Francia aprobara la FOIA en 1978, el RG continuó operando su sistema de archivos de forma ilegal hasta octubre de 1991, cuando el gobierno francés emitió una serie de decretos que regulaban los archivos del RG y su uso.

En 1992, cierto número de Scientologists decidieron desafiar la legalidad de la negativa indiscriminada del RG a permitir acceso a sus archivos. Cada uno de ellos tenía razones para creer que existía información falsa en los archivos del RG detrás de la discriminación del gobierno que estaban sufriendo en su vida personal. Por ejemplo, las cuentas bancarias de varios de ellos se habían cancelado misteriosamente, sin ninguna explicación en el caso de un Scientologist que había sido cliente del banco durante veinte años.

Ya que el propósito no era luchar en los tribunales, primero buscaron ayuda del organismo francés de protección de datos, esperando poder tener acceso a los archivos con un pedido directo. Sin embargo, después de una visita al RG, la CNIL declaró que los Scientologists en cuestión no tenían derecho de acceso.

Respecto a esa decisión que falla por su base y que viola directamente la ley de FOI de Francia, veinticinco miembros de la iglesia se vieron forzados a demandar ante un tribunal de París al Ministerio del Interior francés, que controla el RG, para obtener acceso a los archivos. Ese fue el inicio de un gran esfuerzo que finalmente tendría éxito para obligar a uno de los organismos más secretos de Francia a que se pusiera en línea con los requerimientos de una sociedad abierta y democrática.

En 1998, el tribunal administrativo de París ordenó que el RG entregara su archivo sobre un Scientologist, lo cual la RG se negó a hacer. Para poner las cosas peor de lo que estaban, en diciembre de 2001, los derechos de los ciudadanos franceses sufrieron otro gran revés cuando un tribunal francés decretó que un ciudadano nunca puede desafiar el juicio del Ministerio del Interior de si la información reunida sobre ese ciudadano es correcta por razones de seguridad. El tribunal también dictaminó que la judicatura no está en posición de desafiar esta determinación.

El 30 de julio de 2003, el ingeniero de computadoras y presidente del Comité Francés de Scientologists contra la Discriminación (CFSD), Michel Raoust (arriba), logró una victoria importante para los derechos de los ciudadanos de tener acceso a los archivos sobre sí mismos en el RG.

Esa interpretación judicial parecía socavar la misma esencia de un gobierno transparente y recordaba más a un estado policía que una democracia moderna. Los Scientologists, más determinados que nunca, apelaron al tribunal administrativo superior de Francia, el Conseil d'Etat (Consejo de Estado). Y el 30 de julio de 2003, lograron una victoria trascendental que beneficiará a toda la población francesa.

El Consejo de Estado dictaminó, en el caso iniciado por el Scientologist Michel Raoust, que el gobierno francés no podía usar los pedidos imprecisos y no especificados para impedir a los ciudadanos el acceso a esos archivos. El tribunal declaró que la negación del acceso era totalmente injustificable y que “por lo tanto, el Sr. Raoust está totalmente justificado en su pedido de que se cancele la decisión que le niega acceso a la información relacionada con él en los archivos del Renseignements Généraux”.

Pero a pesar de la decisión de Raoust, el RG continuó negando acceso a sus archivos a otros 24 Scientologists, declarando que violaría “la seguridad pública”. Los Scientologists, que no son de los que ceden cuando quieren hacer algo, persistieron, y en una decisión del 21 de noviembre de 2003, el Conseil d'Etat dictaminó en su favor, de nuevo confirmando el juicio de Raoust.

Estas resoluciones establecieron un precedente histórico; por primera vez en Francia la autoridad administrativa más alta declaró que el gobierno debe proporcionar evidencia específica y observable si decide denegar a los individuos acceso a la información que el gobierno tiene sobre ellos. La importancia de estas decisiones tiene aun más valor cuando se considera que las declaraciones sospechosas de “seguridad pública” claramente están siendo blandidas por ciertas organizaciones gubernamentales para denegar los derechos fundamentales y el proceso debido a hombres y mujeres inocentes que siguen la ley.

Desde que se presentaron estas decisiones, miembros de minorías políticas, filosóficas o religiosas han aprovechado sus derechos basados en el precedente legal que los Scientologists han establecido. Otros seguramente lo harán también.