Daniele Gounord, directora de asuntos públicos de la Iglesia de Scientology en París (derecha) e investigadores usaron las leyes de transparencia de gobierno de Francia para rastrear viajes pagados por los contribuyentes realizados por extremistas antirreligiosos que tenían conexión con ciertos miembros del parlamento francés.

La iglesia de Scientology en Francia no sólo ha sido una promotora enérgica de las leyes de libertad de información, sino que los Scientologists franceses tuvieron un papel significativo en cuanto a hacerlos realidad.

En 1977, un miembro de la iglesia y graduado de la prestigiosa Ecole Polytechnique fundó junto con un colega un comité para promover la necesidad de tener acceso a la información en los archivos gubernamentales. Esta asociación estableció el objetivo de informar al público y a funcionarios prominentes sobre los beneficios de la legislación de libertad de información y la importancia de poder inspeccionar los archivos de organismos administrativos que contienen datos personales sobre los individuos. El grupo presentó un número de propuestas para la ley de FOI que recibieron mucha atención de los medios de difusión franceses, como Le Monde. Los representantes del grupo también se reunieron con el presidente de la Comisión de Leyes de la Asamblea Nacional para tratar la legislación de FOI, y de hecho, el grupo distribuyó un folleto sobre el tema a todos los miembros del parlamento francés. Este resultó ser una contribución fundamental para que se aprobaran las leyes de FOI en 1978.

Desde entonces, la Iglesia de Scientology ha sido reconocida ampliamente en Francia como defensora incondicional de la leyes de FOI, descubriendo y publicando documentos que revelan el abuso del poder.

Los organismos gubernamentales niegan la solicitud de documentos con el pretexto de “seguridad nacional”. Aunque a veces esto está justificado, a menudo es sólo una manera de negar el pedido de información legítimo y denegar a los ciudadanos el acceso a la información.

Un ejemplo increíble de este rechazo arbitrario es el Renseignements Généraux (Información General), o RG de Francia, un organismo de seguridad con amplio poder de acumular inteligencia sobre amenazas económicas, políticas, sociales y casi cualquier otra clase imaginable de amenazas al estado. Un antiguo inspector en jefe del RG, Patrick Rougelet, en su libro de 1997 RG: La máquina de escándalos (R.G. La machine à scandales), calificó al RG y su sistema de archivo en estos términos:

“Con el RG, toda Francia está ‘bajo supervisión’... cada día, hay cientos de operaciones de supervisión en la vida privada de ciudadanos normales y corrientes, de las que no tienen ni idea”. Según Rougelet, no hay miembro del parlamento que haya podido ver con detalle estos archivos del RG e “...incluso el organismo de protección de datos de Francia (la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés: CNIL) nunca ha tenido acceso a los bancos de información más profundos de la policía secreta”.

Rougelet declara que nadie está exento de la reunión de datos del RG:

“Mucha gente declara que estos archivos sólo contienen información sobre un número de personas limitado, esencialmente quienes tienen contacto con el público. Eso no es verdad. Si, además de los periodistas, se incluye a parlamentarios, funcionarios electos –como concejales de las ciudades más pequeñas– hombres de negocios, intelectuales, a los que se considera líderes de opinión dentro y fuera de París, hay por lo menos 500,000 individuos sobre los que tienen archivos; además, sin ninguna duda también hay un número de otras personas sobre las que el RG ha reunido información, legal o ilegalmente”.

No es de sorprender, entonces, que la Comisión Nacional Consultiva sobre Derechos Humanos, un cuerpo oficial que aconseja al gobierno francés, advirtió en junio de 1991 que estos archivos representan “una amenaza especialmente seria a las libertades”.