Le sorprende a muchas personas que uno de los estados líder de la Unión Europea, Alemania, no haya aprobado aún una ley federal de FOI. Otros, sin embargo, especialmente los mismos alemanes, no están sorprendidos en absoluto. Tienen recuerdos desagradables de la intrusión incontrolable del gobierno en la vida privada de los ciudadanos. La antigua policía secreta de Alemania Oriental, llamada Stasi, tenía expedientes de casi 4 millones de alemanes: el 25% de la población. Para lograrlo, tenían dedicados a esto exclusivamente a 89,000 espías y a 173,000 informantes de la policía.
Alemania tiene varias leyes que permiten a los ciudadanos inspeccionar los archivos del gobierno que contienen datos personales sobre sí mismos. Pero hasta 1998, Alemania no tenía legislación de libertad de información, que por sí sola permite a cualquier ciudadano interesado inspeccionar los registros sobre las actividades de su gobierno, y así iluminar áreas de corrupción potencial. Después de su experiencia con el régimen dictatorial de Alemania del Este, algunos de sus estados adoptaron medidas de libertad de información en su constitución. Pero esos derechos no generaron el uso práctico para los ciudadanos, ya que su redacción era imprecisa y no definían ningún medio de hacer cumplir los derechos de libertad de información, ni existía ninguna ley que expusiera un mecanismo de cumplimiento.
El primero de los 16 estados de Alemania en aprobar un Acta de Libertad de Información fue Brandenburgo, en 1998. Para el 2002, se habían adoptado leyes similares en la ciudad estado vecina, Berlín, el estado de Schleswig-Holstein en el norte y el más poblado de Alemania, Northrhine-Westphalia.
Sin embargo, sin una ley federal, los ciudadanos sólo tienen acceso a archivos guardados por el gobierno del estado, no los del gobierno federal. Por supuesto que para los que viven en un estado sin FOIA, no hay acceso a la información local del gobierno. Por lo tanto, la legislación federal y estatal es absolutamente necesaria para toda la nación alemana.
Como justificación, considere lo siguiente: en 1998, el comisionado de protección de información de Baviera alertó al público de que las computadoras de la fuerza de policía judicial del estado contenían registros de no menos de 1.3 millones de habitantes, incluyendo muchos que no estaban bajo sospecha. Ese número es equivalente al 10.8% de la población de Baviera, una cantidad que se aproxima sorprendentemente a la de la Stasi. A pesar de esas estadísticas alarmantes, el Ministro del Interior de Baviera, Guenther Beckstein, en 2001 de nuevo se opuso a una propuesta de la ley de libertad de información.
Mientras el gobierno de Baviera continúa dedicando esfuerzos extensos para reunir bancos de información secreta sobre los ciudadanos del estado, un estudio publicado en 1996 por un criminólogo, el Dr. Dieter Dölling, encontró que la corrupción del gobierno sólo en el campo de las obras de construcción en Alemania cuesta al contribuyente unos 5.1 billones de euros cada año. Además, un informe del 2001 del fiscal estatal de Munich observó que entre 1994 y 2000 se presentaron ante el tribunal no menos de 3,924 casos de corrupción sólo en Munich. La política del ministerio es, por no decir algo peor, miope. En épocas de reducción de la confianza en el gobierno, la libertad de información es un instrumento que un gobierno puede usar para demostrar su buena fe a la población, y ofrece los medios para quitar a los funcionarios corruptos.
