La Unión Europea, una alianza de naciones que casi dobló su tamaño en mayo de 2004, encara el desafío de garantizar la integridad de nuestra sociedad democrática, mientras preserva las apreciadas libertades por las que generaciones del pasado lucharon y murieron.

Además, el Sr. Hubbard advirtió que “la democracia no funciona cuando no existe la compresión”. Esa comprensión depende en gran medida de la capacidad de tener acceso a la información y proteger el derecho del público a conocer la verdad.

Cuando esos ideales no se hacen realidad, la falta de confianza y cinismo se esparcen. Actualmente, las encuestas muestran que un gran porcentaje del electorado de los países democráticos no confían en los políticos. Por ejemplo, una encuesta del 2004 conducida por la Comisión Europea encontró que en Italia sólo el 13% de la población confiaba en los partidos políticos y que el 26% confiaba en su gobierno. Al parlamento italiano le fue un poco mejor que al gobierno, pues el 32% expresó confianza en la institución.

Los organismos gubernamentales de Europa disfrutaron de más confianza, con el 54% del público europeo que indicó tener confianza en el Parlamento Europeo y el 48% en la Comisión Europea; pero eso dejó casi la mitad de la población con sentimientos de falta de confianza y de duda.

Este escepticismo está extendido por los países miembros de la Unión Europea. De acuerdo al Eurobarómetro, la unidad de encuestas de la Comisión Europea, sólo el 23% de los alemanes tiene confianza en su gobierno, mientras el 81% no confía en los partidos políticos. Y en febrero de 2003, la Investigación Internacional de Mercado y Opinión (Market & Opinion Research International: MORI) publicó una encuesta de opinión que encontró que el 75% de los adultos británicos no tiene confianza en lo que los políticos les dicen.

Y aunque en primer lugar es un tributo a la democracia que se puedan llevar a cabo encuestas de opinión de esta clase y que se publiquen, un preponderante cinismo hacia los políticos y las instituciones políticas crea una democracia insalubre, generando la apatía de los que votan y desalentando a los ciudadanos de contribuir al proceso democrático. Al final, los que sufren incluyen a la gran mayoría de los servidores públicos que son, de hecho, sinceros y dedicados a hacer su trabajo.

La transparencia y franqueza del gobierno logran mucho en cuanto a neutralizar las sospechas que la gente siente hacia quienes tienen poder. No es de sorprender que protege tanto al público en general como a sus servidores públicos. Porque cuando se conoce la información clave sobre las acciones de un organismo, se puede establecer confianza en el público al que presta servicio.

Además, dado el extenso intercambio de información que existe entre las diferentes autoridades de la Unión Europea, la libertad de información es una protección esencial; los ciudadanos deben poder conocer qué información existe y se está proporcionando sobre ellos para asegurarse de que sea correcta, y para eliminar la divulgación de “hechos” falsos y derogatorios.

Esto se ha vuelto necesario especialmente en años recientes, en los que se ha visto un incremento de la actividad terrorista en todo el mundo, y la subsiguiente aprobación de una avalancha de leyes en numerosos países que debilitan gravemente la protección de los derechos humanos que se ha construido en las últimas décadas. El organismo de control contra la corrupción, Transparencia Internacional, advirtió en su Informe de Corrupción Global de 2003: “Existe el riesgo de que las nuevas provisiones contra el terrorismo desarrolladas en muchos países europeos socaven no sólo las libertades civiles, sino también el acceso a la información”.

Por lo tanto, las iglesias de Scientology, junto con muchas otras organizaciones civiles y religiosas, reconocen la necesidad vital de la legislación y protección de la libertad de información. Es la única manera de asegurar que la verdadera democracia y la imparcialidad para todos puedan sobrevivir.